La persecución a los que luchan continúa.
Ya no existen aquellos jóvenes anarquistas que, para resisitir a los atropellos de la patronal y la autoridad, daban la vida por las consignas del movimiento.
Hoy, los y las jóvenes no tienen armas como en los 70. Igual se los persigue. Por ser jóvenes, pero más por ser pobres, porque parece haber una conjunción pecaminosa al caminar por la calle y tener una gorrita puesta o haber tenido algún antecedente, o ser hincha de tal club o militante de tal movimiento.
Pero ser pobre es el peor delito que un joven puede cometer.
Los casos bastan y Luciano Arruga viene a demostrar cómo la policía acusa y te hace desaparecer. Los pibes de Rosario y Mariano Ferreira fueron testigos de cómo la policía libera la zona para que una patota haga lo que hacen los criminales. Cristian Ferreira fue asesinado por los oligarcas de una estancia y la policía fue testigo.
Y más de una vez, quienes debían garantizar la seguridad de los ciudadanos, se convirtieron en asesinos. Podemos hacer una línea desde el 2001 cuando el estado de sitio se llevó la vida de mucha gente que se manifestaba, además de la de Pocho Lepratti que trabajaba en un comedor comunitario. O en 2002 cuando en el puente Avellaneda mataron a nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Los "gatillo fácil" abundan en un país poblados de políticos corruptos, punteros y matones del guapo de turno. Y la pagan siempre los mismos: los pibes y pibas de barrios populares que luchan y trabajan, que creen que la sociedad puede cambiar, que buscan un futuro, construir una familia y pensar en los bienes colectivos.
¿Cuántos pibes murieron en recitales por culpa de balas, gases y el manejo empresarial de la seguridad del espectáculo? ¿Y los que pelearon por un terreno en el Indoamericano?
Más de una vez salimos a la calle a decirle NO al Código Contravencional de Scioli y ahora, el gobierno "nacional y popular" impone una Ley Antiterrorista que va en contra de la protesta social. Gracias a los piquetes y huelgas, este país logró derechos históricos para l@s trabajador@s que ahora puede significar un retroceso en las conquistas y autorizar a las fuerzas de seguridad a reprimir y desalojar a quienes se manifiestan por un salario o demanda de trabajo.
La justicia no llega a tiempo, si es que llega. Siempre, los responsables políticos quedan sueltos y la impunidad se esparce en el aire como gas tóxico.
Éste gobierno que mandó al banquillo y los genocidas de la dictadura no puede ignorar la muerte de los pibes ni de la desaparición de López ni de tantas mujeres para la red de trata.
Mientras sigan persiguiendo y matando siempre van a quedar dirigentes por ser enjuiciados y castigados.
Habrá que luchar, aún con el temor que aveces eso significa, como el miedo de los setenta, con la esperanza puesta en la verdadera revolución.
Ya no existen aquellos jóvenes anarquistas que, para resisitir a los atropellos de la patronal y la autoridad, daban la vida por las consignas del movimiento.
Hoy, los y las jóvenes no tienen armas como en los 70. Igual se los persigue. Por ser jóvenes, pero más por ser pobres, porque parece haber una conjunción pecaminosa al caminar por la calle y tener una gorrita puesta o haber tenido algún antecedente, o ser hincha de tal club o militante de tal movimiento.
Pero ser pobre es el peor delito que un joven puede cometer.
Los casos bastan y Luciano Arruga viene a demostrar cómo la policía acusa y te hace desaparecer. Los pibes de Rosario y Mariano Ferreira fueron testigos de cómo la policía libera la zona para que una patota haga lo que hacen los criminales. Cristian Ferreira fue asesinado por los oligarcas de una estancia y la policía fue testigo.
Y más de una vez, quienes debían garantizar la seguridad de los ciudadanos, se convirtieron en asesinos. Podemos hacer una línea desde el 2001 cuando el estado de sitio se llevó la vida de mucha gente que se manifestaba, además de la de Pocho Lepratti que trabajaba en un comedor comunitario. O en 2002 cuando en el puente Avellaneda mataron a nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Los "gatillo fácil" abundan en un país poblados de políticos corruptos, punteros y matones del guapo de turno. Y la pagan siempre los mismos: los pibes y pibas de barrios populares que luchan y trabajan, que creen que la sociedad puede cambiar, que buscan un futuro, construir una familia y pensar en los bienes colectivos.
¿Cuántos pibes murieron en recitales por culpa de balas, gases y el manejo empresarial de la seguridad del espectáculo? ¿Y los que pelearon por un terreno en el Indoamericano?
Más de una vez salimos a la calle a decirle NO al Código Contravencional de Scioli y ahora, el gobierno "nacional y popular" impone una Ley Antiterrorista que va en contra de la protesta social. Gracias a los piquetes y huelgas, este país logró derechos históricos para l@s trabajador@s que ahora puede significar un retroceso en las conquistas y autorizar a las fuerzas de seguridad a reprimir y desalojar a quienes se manifiestan por un salario o demanda de trabajo.
La justicia no llega a tiempo, si es que llega. Siempre, los responsables políticos quedan sueltos y la impunidad se esparce en el aire como gas tóxico.
Éste gobierno que mandó al banquillo y los genocidas de la dictadura no puede ignorar la muerte de los pibes ni de la desaparición de López ni de tantas mujeres para la red de trata.
Mientras sigan persiguiendo y matando siempre van a quedar dirigentes por ser enjuiciados y castigados.
Habrá que luchar, aún con el temor que aveces eso significa, como el miedo de los setenta, con la esperanza puesta en la verdadera revolución.
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